Entradas relacionadas
Índice de contenidos
El derecho a reparar, o “derecho a la reparación”, es una normativa aprobada por la Unión Europea en noviembre de 2020 y que entró en vigor el 1 de marzo de 2021.
Enmarcada en un contexto en el que se hace evidente la necesidad de potenciar la sostenibilidad del modelo económico introduciendo medidas que contribuyan a la reducción del impacto ambiental de los productos tecnológicos, la nueva normativa promueve una estrategia de “reparaciones sistemáticas” que resulten atractivas y rentables para los consumidores, con el fin de alargar la vida útil de los dispositivos electrónicos.
Bajo el lema “hacia un mercado único más sostenible para las empresas y los consumidores”, el derecho a reparar supone un gran avance en legislación medioambiental dentro del plan de acción del Pacto Verde Europeo.
El derecho a reparar: productos seguros, accesibles, socialmente justos y respetuosos con el medio ambiente
Como señala la UE en la normativa del derecho a reparar, “un consumo sostenible va de la mano de una producción sostenible”. Con ello se quiere hacer evidente la importancia que tiene la implicación de todos los agentes económicos para conseguir que las medidas adoptadas alcancen el éxito deseado en sectores como el tecnológico que tienen un impacto ambiental significativo.
Derechos del consumidor, obsolescencia programada, reparación, reutilización y responsabilidad son algunos de los conceptos que contempla la nueva normativa. Veamos algunos de ellos.
Derechos del consumidor
La obsolescencia programada ha sido siempre un tema de debate en el sector tecnológico. A este respecto, la nueva normativa establece la necesidad de una comunicación accesible y transparente> por parte de los fabricantes en lo que se refiere a la estimación de la vida útil de sus productos (ya sea expresada en años o ciclos de uso) y sus posibilidades de reparación.
Con este fin, se propone la creación de un etiquetado, de carácter voluntario, que contemple la información sobre la durabilidad y reparabilidad del producto incluyendo un sistema de puntuación fácil de identificar y comprender por parte de los consumidores en el momento de la compra. Algo parecido a la conocida clasificación de la eficiencia energética de los electrodomésticos (de la A, la más eficiente y de color verde intenso, a la G, la menos eficiente de color rojo según la nueva normativa que entró en vigor el 1 de marzo de 2021) pero que represente un índice de rendimiento ambiental en el que se tengan en cuenta múltiples criterios del ciclo de vida del producto según su categoría.
En materia de derechos del consumidor, la nueva normativa defiende el ajuste de la duración de la garantía legal de un producto a su vida útil estimada en función de su categoría. También contempla la posibilidad de ampliar el periodo de devoluciones por no conformidad y de reforzar la posición de los vendedores respecto a los fabricantes estableciendo un mecanismo de responsabilidad conjunta en el sistema de garantías.
En el caso de los productos electrónicos dotados con componentes digitales, el derecho a reparar contempla la necesidad de regular aspectos como la existencia de actualizaciones de software, tanto de seguridad como de conformidad, durante toda la vida útil estimada del producto. Asimismo, las actualizaciones de software evolutivas, deberán ser reversibles y no reducirán el rendimiento del producto. A este respecto, el fabricante, debe ofrecer la información pertinente sobre el tiempo estimado en el que se facilitarán las actualizaciones de los programas informáticos incluidos con la compra del producto con el fin de que estos sigan garantizando su conformidad y seguridad.
La estrategia de reparación según la normativa
Respecto a la estrategia de reparación de los productos tecnológicos, la norma sobre el derecho de reparación de la UE incide en la necesidad de que, desde el momento de la compra, se ofrezca de forma clara la información sobre la disponibilidad de piezas de recambio y la posibilidad de reparación de un producto, junto a la información relativa a las actualizaciones de software en los productos que así lo requieran.
Se recomienda, también, incluir información sobre el precio de las piezas de recambio, los plazos aproximados de entrega y reparación y los servicios disponibles de reparación y mantenimiento.
Esta normativa pretende conseguir que las reparaciones tengan un carácter sistemático, rentable y atractivo en consonancia con las medidas adoptadas en la Directiva sobre diseño ecológico. Para ello se resalta la importancia de:
- Proporcionar información a los agentes del sector de la reparación y a los consumidores sobre “herramientas de diagnóstico, piezas de recambio, programas informáticos y actualizaciones necesarias para realizar reparaciones y mantenimiento”.
- Fomentar la estandarización de las piezas de recambio con el fin de favorecer la innovación y la interoperabilidad.
- Establecer un periodo mínimo obligatorio para el suministro de piezas de recambio, fijado en los 10 años, así como un precio razonable de las mismas.
- Alentar la reparación, en lugar de la sustitución, a través de la extensión de garantías o del reinicio de los periodos de cobertura para los consumidores que elijan reparar.
- Crear incentivos que promuevan las reparaciones después del vencimiento de la garantía legal.
El derecho a reparar como estrategia hacia la economía de la reutilización y la sostenibilidad
El derecho a reparar recalca la importancia de crear modelos de negocio que impulsen la economía circular y sostenible minimizando la destrucción de los productos y promoviendo su reparación y reutilización. Para ello, se anima a los estados miembros de la Unión a la creación de campañas educativas y de sensibilización dirigidas tanto a los consumidores como a las empresas con el fin de animarlos a alargar la vida útil de los productos mediante la reparación y a utilizar productos de segunda mano.
Con el fin de potenciar la reutilización y el aprovechamiento de las materias primas, la Comisión Europea está considerando la posibilidad de crear medidas vinculantes que eviten la destrucción de productos “no vendidos o no perecederos en condiciones de funcionamiento”. Así, destaca la necesidad de crear una estrategia para “evaluar y abordar los obstáculos legales a la reparación, la reventa, la reutilización y la donación existentes con el fin de garantizar un uso más eficaz y sostenible de los recursos.”
Además de aumentar el acceso a los servicios de reparación, la nueva normativa destaca pone de manifiesto la conveniencia de crear nuevos modelos comerciales (alquiler, arrendamiento financiero, producto como servicio, etcétera) en los que, más allá del consumo de una propiedad material, se comercialice la función del producto. Modelos que resultan de interés tanto para la economía de los consumidores como para la reducción del impacto medioambiental.
Un cambio necesario para el medioambiente
En ANOVO hemos hablado en anteriores artículos sobre la importancia de alargar la vida útil de los dispositivos electrónicos, por qué es importante su reciclaje, qué otras opciones existen para su reutilización, etcétera. En todos estos artículos aportamos una serie de indicadores objetivos que se deben comunicar para concienciar sobre la importancia de la conservación del medio ambiente. Recuerda:
- Alargar la vida útil de los productos tecnológicos 1 año más podría reducir las emisiones de CO2 de la próxima década en un 29%. Si se alarga su uso 2 años, la reducción sería del 43%. (Según estudio publicado por el Comité Económico y Social Europeo en septiembre de 2019).
- En Europa existen alrededor de 700 millones de dispositivos electrónicos que se guardan sin usar. Estos productos no llegan a ser reacondicionados, reutilizados o reciclados debidamente. (Según el citado estudio).
- En el año 2019 se generaron más 53,6 millones de toneladas métricas de basura electrónica en el mundo (7,3 kg por persona) de las que solo el 17,4% quedó oficialmente documentado como recogido o reciclado de forma correcta. (Según datos del Observatorio mundial de los residuos electrónicos 2020).
- El 90% de los materiales de los que está compuesto un teléfono móvil pueden ser reciclados.
- En 2016 se desecharon en todo el mundo unas 435.000 toneladas de móviles. Lo que supone un desperdicio de unos 9,4 billones de euros en materias primas. (Datos ofrecidos por la UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación).
- En 2018, el órgano normativo supremo de la UIT fijó el objetivo de aumentar la tasa de reciclaje mundial de residuos electrónicos al 30% para 2023, lo que correspondería a un incremento del 12,6% con respecto a la media mundial actual.
Desde ANOVO, como empresa del sector tecnológico comprometida con el medio ambiente, celebramos la aprobación de normativas como el derecho a reparar que suponen un gran avance en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.
