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2022 se inició con grandes novedades en la ley de consumidores y usuarios encaminadas a conseguir un sector tecnológico más sostenible y potenciar la economía circular.
La reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU), recogida en el Real Decreto Ley 7/2021 que adapta las directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores, entró en vigor el 1 de enero de 2022.
Entre las novedades más destacables de esta reforma y que más repercuten en los consumidores de productos electrónicos se encuentran las referentes a la ampliación del plazo de garantía de los productos y de su reparabilidad. Veamos detenidamente en qué consiste.
Ampliación de la garantía de los productos
El Decreto-Ley Omnibus aprobado por el Consejo de Ministros en abril de 2021 y publicado en el BOE el 28 de abril, recoge la transposición de la Normativa Europea en materia de contratos de compraventa de bienes y de suministro de contenidos o servicios digitales y modifica el Real Decreto Legislativo 1/2007 vigente hasta el pasado 1 de enero.
En concreto, se trata de la Directiva (UE) 2019/770 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2019 relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales, y la Directiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2019 relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes.
La adopción de ambas Directivas, según reza en el propio BOE, obedece al “hecho de que la evolución tecnológica haya dado lugar a un incremento del mercado de bienes que incorporan contenidos o servicios digitales o están interconectados con ellos.” Además, queda indicado en los textos publicados que garantizar una mayor durabilidad de los bienes es importante para “lograr patrones de consumo más sostenibles y una economía circular”. De ahí la necesidad de incorporar novedades en lo que se refiere a la durabilidad de un producto, su garantía y su reparabilidad. Los nuevos derechos y garantías para los consumidores y usuarios van encaminados a asegurar que los bienes que se comercializan en nuestro país cuentan con un” alto grado de calidad, seguridad y durabilidad”.
La reforma de la ley de consumidores y usuarios contempla la durabilidad de un producto como un criterio objetivo para que un consumidor pueda evaluar si está conforme con la compra. Se entiende la durabilidad como la capacidad de los bienes de mantener sus “funciones y rendimiento obligatorios en condiciones normales de utilización”.
En virtud de esta norma, se establece un plazo de 3 años para que pueda manifestarse la falta de conformidad y de dos años para la presunción de que toda falta de conformidad que se manifieste existía en el momento de la entrega del bien. La durabilidad de un bien para que sea conforme debe ser aquella que se considera habitual en bienes del mismo tipo y “que se pueda razonablemente esperar habida cuenta de la naturaleza de los bienes específicos, incluida la posible necesidad de un mantenimiento razonable de los bienes”. La información específica sobre esta durabilidad que se incluya en cualquier información que forme parte de los contratos de compraventa deberá ser verídica para que el consumidor pueda confiar en ella como parte de los criterios subjetivos de conformidad.
En cuanto a la garantía comercial, el fabricante podrá ofrecer mejores condiciones de forma particular a sus consumidores, siendo vinculantes todas las medidas anunciadas por el mismo. La información relacionada con la garantía comercial deberá ser entregada “en un soporte duradero” en el momento de entrega de los bienes y debe estar redactada, al menos, en castellano, de manera clara y comprensible
La reparabilidad entre las novedades de la ley de consumidores y usuarios
Otra de las novedades que presenta la nueva reforma va encaminada a alargar el ciclo de vida de los productos tecnológicos ampliando su periodo de reparabilidad obligatorio de 5 a 10 años.
¿Qué quiere decir esto? Pues que todos los productos que se comercializan en España deben contar con un servicio técnico adecuado así como con los repuestos necesarios para su reparación durante un plazo mínimo de 10 años desde que el dispositivo, el equipo, el teléfono o el bien en general haya dejado de fabricarse.
Además, se prohíbe incrementar los precios de los repuestos a utilizar en las reparaciones y su lista de precios deberá estar a disposición del público, así como la de los servicios que conlleve la reparación, debiendo aparecer diferenciados en las facturas los distintos conceptos.
Con ello, la nueva normativa pretende contribuir a la resolución europea del 25 de noviembre de 2020 sobre el derecho a reparar, del que hablamos en su día en nuestro blog. Con el objetivo de conseguir “un mercado único más sostenible para las empresas y los consumidores”.
Un paso más en las medidas integradas en la Estrategia Española de Economía Circular 2030, encaminada a cambiar el actual modelo económico lineal, basado en las pautas “usar-consumir-tirar” y que conlleva un uso intensivo de los recursos naturales y una elevada generación de residuos, por un modelo en el que los bienes conserven su valor durante más tiempo, apoyados por su capacidad de ser reparados, e incidiendo en una reducción de los residuos que se generan gracias también a su reciclaje. Un cambio dirigido a conseguir un consumo responsable con “la participación activa de los consumidores”.
Desde ANOVO, como especialistas en servicios postventa para el sector tecnológico, celebramos todas estas medidas que nos ayudan a seguir alargando el ciclo de vida de los dispositivos y a crear un mercado de mayor calidad y más seguro para los consumidores. Con esta intención, seguiremos informando y difundiendo a través de nuestro blog cualquier información al respecto que afecte a nuestros clientes, usuarios y a la sociedad en general.
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